Es raro y sucede a la sombra de la reforma electoral del oficialismo: la Junta Electoral Provincial inhabilitó -declaró la caducidad- a 229 partidos políticos hasta el 1 de junio (desde abril de 2016) y habilitó a 243 para que realicen trámites de reconocimiento como tales.
La pregunta cae de madura frente a la similitud numérica: ¿son los mismos que ya no están los que quieren ser de nuevo? En la JEP aseguran que no y que tienen las herramientas para impedir que eso ocurra. Se rompería así una ley física: se pierde y se gana; no hay transformación.
Cuando un partido desaparece debe esperar 12 años para ser reconocido otra vez (ley 5.454) o esperar que pase una elección provincial. Sus afiliados quedan “cautivos” por decirlo de alguna forma. De nuevo: ¿cómo comprobar que las carpetas de los habilitados no son las mismas de los caducados? Los afiliados pueden renunciar a los inhabilitados y asociarse a los habilitados.
Si fuera así, deberíamos pensar que existe una especie de locura democrática por afiliarse a un partido en la provincia, porque así como desaparecen, también proliferan.
La eliminación de las organizaciones municipales y comunales cubrirá esta rareza tucumana; sólo un planteo judicial podría impedir que se “borren” los 444 partidos municipales (entre reconocidos y habilitados) y los siete comunales, y que permanezcan guardados, como las urnas de 2015. Pero esa será otra historia.